Apoyar los esfuerzos de las instituciones peruanas de justicia penal para adaptar un enfoque de rehabilitación a la justicia de menores

 

 

 

Según un reciente informe de la ONUDC (Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen) sobre la justicia de menores en el Perú, se calcula que por cada 100.000 menores en el país, 691 son detenidos por la policía, 570 son acusados por la fiscalía y unos 379 condenados por el Poder Judicial al haber cometido conductas en conflicto con la ley penal. En diciembre de 2013, el Perú adoptó el “Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con el Derecho Penal (2013-2018) PNPTA” (Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013-2018) o “PNPTA”). Este documento fue elaborado por el Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y reconoce el aumento del número de delitos cometidos por menores, entre ellos la posesión ilegal de armas, el tráfico de drogas, el robo, el robo y el robo agravado y la agresión sexual. El informe señala que el número de adolescentes que han sido condenados y que están tras las rejas es alarmante. Mientras que en 2011, el 7,2% de la población reclusa estaba conformada por adolescentes, para el año 2012 la cifra ascendió al 32,5%. Esto ha dado como resultado el reconocimiento de que los oficiales de policía, los fiscales, los jueces, los defensores públicos e incluso los trabajadores sociales carecen de la formación adecuada y el apoyo institucional para abordar esta cuestión. Los agentes de policía no tienen un enfoque restaurador que permita un tratamiento adecuado de los adolescentes detenidos y el apoyo a las víctimas. Los fiscales priorizan el empuje para los enjuiciamientos mientras que los jueces dan prioridad a los encarcelamientos preventivos u otras medidas de confinamiento en lugar de permitir que los delincuentes juveniles se queden fuera de los centros de detención.4 ABA ROLI apoyará la consolidación de la Doctrina de Protección Integral en materia de custodia y tratamiento integral de niños y adolescentes. Para ello diseñará y ejecutará dos talleres que buscan fortalecer las destrezas de los operadores del sistema de justicia en la aplicación del sistema punitivo-preventivo actual. Se fomentará un sistema que garantice una protección integral. Este sistema pretende proteger adecuadamente los intereses del niño. Los ejercicios teóricos y prácticos durante los talleres ayudarán a desarrollar y consolidar los principios de humanidad, legalidad, protección de la identidad y debido proceso mencionados en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. A través de estudios de casos y jurisprudencia nacional y comparada, los operadores del sector de la justicia aprenderán a diferenciar las medidas educativas en el sistema de rendición de cuentas de la justicia juvenil: reprimenda, prestación de servicio comunitario, libertad condicional, libertad e internación. ABA ROLI prevé que como resultado de las actividades propuestas, los actores del sector judicial peruano demostrarán esfuerzos para adaptar un enfoque de rehabilitación a la justicia juvenil.