Apoyar los esfuerzos del Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia para las poblaciones mal atendidas

 

 

Desde el inicio del proceso de democratización en los años ochenta, el acceso a la justicia sigue siendo una cuestión permanente en el Perú, particularmente para las poblaciones vulnerables. El Perú ha asumido una serie de obligaciones al ratificar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, que se aplican a los diferentes sectores gubernamentales. Ahora más que nunca, estos compromisos requieren que el Poder Judicial adopte medidas operativas específicas que garanticen el acceso a la justicia para todos. El 1 de abril de 2016, el Poder Judicial presentó públicamente el “Plan Nacional de Acceso a la Justicia para las Personas Vulnerables y la Justicia en su Comunidad” (“Plan Nacional”). El Plan Nacional quinquenal (2016-2021) tiene por objeto garantizar el acceso a la justicia y prevenir la discriminación contra las poblaciones vulnerables. Esto implica la identificación de barreras legales y la adopción de medidas concretas para eliminar los obstáculos y facilitar el acceso a la justicia. En general, los peruanos, las mujeres, los niños, los indígenas, los discapacitados y las minorías raciales y sexuales son vulnerables y enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia. Las poblaciones vulnerables en el Perú también incluyen comunidades que han sido afectadas por las industrias extractivas, a menudo comunidades indígenas, que han enfrentado la violencia a manos de las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, la población LGBT en el Perú ha quedado fuera de los esfuerzos por promover los derechos humanos en el Perú. Las mujeres, en particular las indígenas y las empobrecidas, se enfrentan a la falta de acceso a la justicia. El contenido del Plan Nacional contiene propuestas para mejorar el funcionamiento de los tribunales y los procesos administrativos. El fortalecimiento de la capacidad del Poder Judicial para abordar estos cambios, aunque continúe ejerciendo su autonomía e independencia, será crítico para su implementación exitosa. El proyecto apoyará en el diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema informático para el Seguimiento, Evaluación y Monitoreo del cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Nacional a nivel de todos los distritos judiciales.